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El 16 de junio de 2006 se celebró la 58 reunión anual de la Comisión Ballenera Internacional (CBI).  Este año, por primera vez en su historia, Guatemala tuvo derecho a participar en las votaciones sobre el futuro de las ballenas en el mundo.  Previo a la reunión de la CBI hubo fuertes presiones de los intereses balleneros, liderados por Japón, para que algunos países –entre los que se encuentran Guatemala y Nicaragua– votaran a favor de volver a autorizar la caza de ballenas, que ha estado prohibida desde 1986.  Sin embargo, la presión de la sociedad nacional e internacional logró revertir la decisión del gobierno guatemalteco, que decidió finalmente no participar en dicha reunión.

 

En las fotos se ven dos de las acciones de protesta organizadas en Guatemala en contra de la caza de ballenas

 

La ratificación guatemalteca de la  Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena –que es el paso técnico necesario para participar en la CBI– se realizó bajo fuertes señalamientos de que el Gobierno de Guatemala aprovechó el caos provocado por la tormenta tropical Stan para actuar a espaldas de la población.  Además, desató una ola de críticas de organizaciones ecologistas locales e internacionales, que denunciaron una serie de hechos escandalosos que involucraban al Congreso, el Ejecutivo y a funcionarios públicos del organismo estatal de pesca. Las acusaciones alcanzaron a varios diputados, a los que se señaló de haber ocultado deliberadamente información y de incluir veladamente la discusión de dicho tratado en el congreso para evitar la reacción de la opinión pública.  A finales de septiembre de 2005, cuando el presidente del Congreso presentó a los medios de comunicación el estado de cuentas del legislativo, se ocultó la información del viaje realizado por el Diputado Víctor Ramírez a Japón para conocer un supuesto programa de protección de las ballenas.  Por otra parte, la entonces presidenta de la Comisión de Ambiente del Congreso, Lucrecia de Palomo, aseguró a los medios de comunicación que la convención serviría para proteger a estos cetáceos, lo que muestra desconocimiento del asunto o connivencia con los intereses de Japón.  Junto con lo anterior, la aprobación de la convención se llevó a cabo en una semana de fiesta nacional en la que el Congreso trabajó día y medio, y la propuesta se incluyó a última hora pues estaba fuera de la agenda publicada oficialmente.  Dentro de los involucrados estaba el presidente guatemalteco, Oscar Berger, que reconoció ante la prensa haber recibido al embajador japonés para hablar sobre el asunto y mostró su acuerdo con el programa nipón para la caza de ballenas.

La reacción del pueblo guatemalteco, que participó masivamente en demostraciones pacíficas de rechazo, firmó más de 9000 cartas al presidente requiriendo que el voto de Guatemala fuera a favor de la conservación, y provocó decenas de noticias en radio, televisión y prensa escrita, fue determinante para que se decidiera no participar en la reunión de Saint Kitts.  Sin embargo, Trópico Verde pudo constatar que las autoridades estuvieron mintiendo hasta el último momento, cuando el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, dos días antes de la reunión, aseguró que aún no se llenaban los requisitos necesarios para la participación de Guatemala:  En Saint Kitts Guatemala fue llamada a votar, lo que muestra que se había incorporado como miembro de pleno derecho y había pagado las altas cuotas necesarias para ello.  Este hecho muestra que lo de 2006 no fue más que una batalla ganada, pero que hay que continuar alerta para asegurar que el voto de Guatemala nunca va a favorecer a los intereses balleneros.

 La Convención Internacional para la Regulación de la Caza de la Ballena se creó en 1946, cuando 14 países la firmaron e instituyeron la Comisión Ballenera Internacional (CBI).  La CBI es el único órgano reconocido internacionalmente para controlar la caza de ballenas. Está organización se encuentra abierta a cualquier país del mundo que se adhiera a la Convención de 1946, y sus miembros están representados por un comisario en las reuniones que se celebran anualmente.  La reducción de las poblaciones de ballenas debido a los abusos que cometían los países balleneros llevó a que en 1986 entrara en vigor una moratoria para la caza de estos cetáceos, la cual continúa hasta la actualidad.  Sin embargo Japón, Islandia y Noruega se amparan en las excepciones previstas en esta convención, que permiten a los gobiernos emitir permisos de caza con fines de investigación para continuar con esta actividad.

 Desde el año 2000 el gobierno de Japón lleva a cabo una estrategia para lograr que la CBI dé por finalizada la moratoria, para lo cual empezó a reclutar países en vías de desarrollo con el fin de que votaran a favor de sus pretensiones.  A finales de la 57ª reunión de la CBI, que finalizó el 24 de junio pasado, Japón anunció que proseguirá y aumentará la caza de ejemplares con "fines científicos", una medida puesta en marcha en 1987 para evadir la veda internacional y abastecer los mercados y restaurantes asiáticos de carne de ballena. El voto de Guatemala podría ser determinante para que la CBI decrete el fin de la moratoria de la caza de ballenas, pues en la actualidad los países reclutados por Japón están equilibrados con aquellos que abogan por la protección de los cetáceos.  Trópico Verde lleva a cabo una campaña permanente a nivel nacional e internacional para impedir que el voto de Guatemala favorezca los intereses balleneros.

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